HECHO
PÚBLICO/ por José A. Miranda
Bacalar:
otro paraíso de la venta ilegal de tierras ejidales
(REPORTAJE de Armando
Galera)
En Quintana Roo, la inseguridad
jurídica y la inversión inmobiliaria depredadora y negociada de manera ilícita
son de campeonato nacional.
Y Bacalar no sería la excepción: la
actividad más redituable en ese Municipio es el fraude ejidal.
Se opera a través del despojo y venta
de tierras de alta plusvalía. De hecho, la Procuraduría Agraria ha marcado al
Ejido Aarón Merino Fernández del Municipio en mención, como uno de los que más
denuncias tiene en el país por vender predios de manera delictiva.
Hoy día, ese núcleo ejidal tiene un
reporte de 278 litigios por tierras ejidales, con más de 8 mil 700 millones de
pesos en juego y casi 2 mil 500 hectáreas que fueron despojadas de sus
legítimos dueños por su envidiable ubicación a la orilla de la Laguna de
Bacalar.
Tales fraudes y conflictos agrarios
tienen como protagonistas a las directivas ejidales, encabezadas por el
exdiputado local Juan Manuel Herrera, Edmundo Gómez Trejo y el actual comisario
ejidal, Román Guzmán González, una triada que controla ese poder inmobiliario
de manera plenipotenciaria y casi vitalicia.
Estos tres personajes también han
utilizado a los campesinos del Ejido para organizar manifestaciones en contra
de las administraciones municipales o estatales en turno, exigiendo el pago de
millones de pesos por concepto de seguros sobre presuntas cosechas siniestradas
y programas de apoyo para el campo.
Y cada año, las autoridades han cedido
a los chantajes mal disfrazados de demandas de los manifestantes con tal de
mantener el orden en la zona (en tanto los campesinos han impuesto de manera
impune la tradición del delito federal de cerrar carreteras hasta obtener una
respuesta positiva, sin que los funcionarios responsables de Comunicaciones y
Transportes los denuncien ante el Ministerio Público por esos atentados mayores
contra las vías generales de comunicación), entregando en promedio hasta ocho
millones de pesos al año, de los cuales sólo tres millones han parado en las
manos de los trabajadores del campo (dos mil pesos por persona) mientras el
resto se ha repartido como un botín entre la directiva del Ejido.
Así es como uno de los ejidos más
ricos de la zona sur del Estado se ha convertido en el millonario negocio de un
grupo de sólo tres personas.
Tierras en disputa
“Aquí si no te cuadras te quitan tus
tierras”, dice en entrevista con Estosdías, José Cámara, hijo del ejidatario
Luis Armando Cámara Baak, quien ha promovido recursos de amparo en contra del
ahora exdirigente ejidal, Juan Manuel Herrera, por vender en forma ilegal
terrenos de alta plusvalía a políticos, empresarios y familiares.
Su historia comienza en 2012, cuando
don Armando Cámara, junto con otros ejidatarios, exhibió la manera fraudulenta
en que Herrera llevaba las riendas del núcleo ejidal: Aprovechando su cargo
como presidente de la Junta de Gobierno del Ejido (el Comisariado ejidal),
autorizaba enajenaciones y venta de tierras en asambleas a las que sólo acudían
sus principales allegados (que no superaban ni el 20 por ciento de los
ejidatarios), cuando este tipo de operaciones debe estar legitimado por la
mitad más uno del total de miembros.
“La mayoría de nosotros ni nos
enterábamos de estas asambleas. No nos dábamos cuenta hasta que alguien tocaba
a nuestra puerta diciendo que ya había comprado nuestras tierras, o de plano
descubríamos que ya habían construido un edificio. Se amparaban en documentos
avalados por esas asambleas ilegales, y entonces iniciaba un calvario de
juicios y amparos para recuperar lo que era y es nuestro”, dice.
De acuerdo con don Armando Cámara,
durante el tiempo en que Manuel Herrera estuvo al frente del Comisariado ejidal
se realizaron al menos 28 asambleas de ese tipo para validar más de 79
transacciones de enajenación y venta de tierras, así como de cesión de derechos
ejidales (en una asamblea se podían aprobar hasta 10 operaciones), involucrando
más de 2 mil 700 hectáreas, lo que significó un negocio de poco más de 5 mil
700 millones de pesos.
Claro que ese dinero nunca lo vieron
los ejidatarios, pues quedó en manos de unos cuantos. Este hecho fue denunciado
por don Armando Cámara, pues también fue afectado, aunque desde entonces sufre
el acoso del exdiputado del PRI y eterno aspirante al Gobierno de Bacalar.
“En el 2013, unos judiciales se
llevaron a mi papá por el presunto intento de homicidio en contra de Juan
Manuel Herrera. Estuvo un par de días en el Cereso; de inmediato fue absuelto
por el juez segundo de lo Penal, Daniel Farah Godoy, pues los únicos testigos
cayeron en contradicciones y eran además trabajadores de Juan Manuel Herrera,
quien para ese entonces era legislador. Todo quedó asentado en la Causa Penal
361/2013”, comentó.
-Si se han llevado a juicio estas
irregularidades, ¿cómo ha logrado seguir impune el excomisario ejidal?
-Porque se ha amparado con todos los
políticos y dirigentes sindicales que ha favorecido con esta venta ilegal de
tierras. Hablamos de personas de la talla de Efraín Villanueva Arcos,
exsecretario de Gobierno; Pedro Peña Xicum, exoficial mayor de Gobierno; el
exdirigente de los taxistas, Rubén Pelayo Kuc; y hasta la exalcaldesa de Tulum,
Edith Mendoza Pino, se ha hecho de terrenos a la orilla de la laguna gracias a
Juan Manuel Herrera”, puntualiza.
El fraude frustrado
En agosto de 2014, Juan Manuel Herrera
estuvo a punto de ‘embolsarse’ más de 60 millones de pesos, producto de un
añejo litigio con la compañía de Carlos Slim, Telmex.
Todo empezó hace cerca de 40 años,
cuando Telmex ocupó unas tierras del Ejido Aarón Merino, a un costado de la
carretera Bacalar-El Cafetal, para colocar una antena de telefonía. Debido a
que los terrenos eran de escaso valor, no se concretó algún contrato de
arrendamiento o venta, pues al final serían los ejidatarios los más beneficiados.
Nadie le dio importancia al asunto.
Pero en el 2006, y ante los constantes robos del cobre de la instalación, la
compañía telefónica decidió cercar los alrededores de la misma. Fue entonces
cuando el ejidatario dueño del terreno acusó a la empresa de despojo, iniciando
un procedimiento legal en su contra.
El ejidatario en cuestión no era nadie
más que Juan Manuel Herrera, quien aprovechando ya su poder al frente del
Comisariado interpuso un recurso ante el Tribunal Federal Agrario para
recuperar su terreno, así como cerca de 60 millones de pesos por resarcimiento
de daños.
Para ello utilizó a los campesinos, a
modo de realizar manifestaciones y plantones en apoyo a su causa particular.
Pero no fue sino hasta agosto del 2014 cuando el Tribunal Federal Agrario
emitió su fallo a favor del líder ejidal, autorizando que embargara el edificio
de la Central Telmex Chetumal para asegurar los 53 millones 670 mil 600 que
exigía como indemnización.
“Creo que nunca pensaron los de Telmex
que la justicia llega, pero siempre llega”, dijo en ese entonces el líder
ejidal.
Sin embargo, poco le duró el gusto a
Juan Manuel Herrera, pues tres meses después, el 10 de noviembre, el Tribunal
Unitario Agrario anuló la sentencia anterior luego de que Telmex demostrara que
el predio donde se encuentra la antena no es ejidal desde 2009, tal como se
exhibe en el título de propiedad 55169 inscrito en el Registro Público de la
Propiedad en Chetumal.
Resulta que en el 2009, Juan Manuel
Herrera decidió titular la propiedad donde se encontraba la antena en cuestión.
Su objetivo era vender el predio una vez que ganara el litigio. Pero no contaba
con que, al hacerlo, el predio dejaba de encontrarse en el régimen de propiedad
ejidal para ser propiedad sujeta al régimen jurídico de propiedad particular o
privada. Por tanto, el Tribunal Agrario carecía de competencia legal para
dictar un fallo al respecto.
Y así fue como el exdiputado local
perdió 60 millones de pesos que prácticamente ya tenía en la bolsa.
El de Bacalar, un núcleo ejidal
problemático
Estosdías consultó ante la
Procuraduría Agraria el estado del Ejido Aarón Merino Fernández: 278 litigios
tiene reportados dicho núcleo ejidal por la posesión de tierras, representando
el 45 por ciento de su extensión territorial.
Por dicha razón, la dependencia reveló
a este semanario que el Ejido del Municipio de Bacalar está boletinado como uno
de los que más irregularidades tienen en el país, sobre todo por vender tierras
de manera ilegal.
Incluso la Procuraduría Agraria alerta
para no adquirir terrenos de este Ejido, ante la falta de certeza jurídica de
sus tierras.
Y es que la salida de Juan Manuel
Herrera no cambió el rumbo de las operaciones irregulares del Ejido. Su sucesor
y también allegado, Román Guzmán González, realiza las mismas prácticas
oportunistas y delictivas.
Un ejemplo es el juicio 132/2015-44,
interpuesto ante el Tribunal Agrario Distrito 44, con sede en Chetumal, en
contra de Ramón Guzmán González, por quedarse con un derecho agrario de otro
ejidatario, de iniciales F.G., mismo que avala 100 hectáreas con un valor
aproximado de 80 millones de pesos, incluyendo 300 metros de orilla de la
Laguna de Bacalar.
Ramón Guzmán también está involucrado
en el presunto desvío de mil 800 millones de pesos de recursos que nunca
llegaron al Ejido para inversión productiva, según lo declaran los propios
ejidatarios, quienes apuntan a que la malversación del dinero fue posible
gracias a la estrecha relación que tenía Guzmán con César Armando Rosales
Cancino y Luis González Flores, el primero delegado federal de la Secretaría de
Agricultura, Ganadería. Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y el
segundo de la Secretaría estatal de Desarrollo, Rural e Indígena (Sedari),
durante la administración del entonces gobernador, ahora preso, Roberto Borge.
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