HECHO PÚBLICO/ por José A. Miranda
PRESENTA ANTE EL CONGRESO LA DIPUTADA PRIÍSTA CANDY AYUSO ACHACH INICIATIVA DE DECRETO DE LA LEY QUE REGULA LOS SERVICIOS AUXILIARES DE TRANSPORTE PÚBLICO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Chetumal, Municipio de Othón P. Blanco, 3 de mayo.- Considerando que en la entidad hoy en día las exigencias sociales constituyen un reto y motivación para que los poderes del Estado puedan ofrecer una respuesta oportuna de acuerdo a las necesidades de los ciudadanos que serviría para conformar una sociedad más justa y equilibrada.
Y que un compromiso ineludible de la XV legislatura de atender debidamente una de las principales demandas que han sido planteadas por la ciudadanía relativo a los servicios auxiliares de transporte en materia de grúas y corralones, a partir de que es patente la molestia pública respecto a los servicos de arrastre, salvamento, guarda, custodia y depósito de vehículos.
En tal virtud, señaló, "la iniciativa que hoy presento tiene por objeto el establecimiento de un marco jurídico preciso en función de la cyal la autoridad ejecutora desempeñe su función de modo tal que se maeterialice en beneficios tangibles para la sociedad, incluyendo evitar cobros exagerados a los usuarios, la zonificación de operación del servicio público de arrastre y almacenamiento de vehículos y establecimiento de canales de comunicación entre autoridades y ciudadanos".
En tribuna, expresó, que las quejas ciudadanas sobre los servicios que prestan las grúas y corralones en el Estado son cotidianas, hecho que se refleja en los medios informativos en donde se documentan situaciones que van desde cobros indebidos y excesivos a los usuarios de estos servicios, daños y robos de partes de los vehículos que son depositados en los corralones, servicios de grúas que cuenten con con las concesiones respectivas, falta de conocimiento de las tarifas que se tienen que cubrir para el arrastre de los vehícuklos en grúas o por su estadía en el corralón, así como también, precisó, en el pasado se han documentado arreglos entre autoridades y los propietarios de grúas y corralones que pudieran tipoifuicarse como actos de corrupción.
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