no comparece ante el Congreso el ex secretario de hacienda para explicar a dónde fueron a parar los fondos provenientes del 3% al impuesto de hospedaje destinados para promoción del desarrollo de fideicomisos turísticos

HECHO PÚBLICO/ por José A. Miranda

NO ASISTE JUAN PABLO GUILLERMO ANTE LA COMISIÓN INSTRUCTORA DEL CONGRESO DEL ESTADO  QUE INVESTIGA EL CASO DEL MILLONARIO FALTANTE DE LOS RECURSOS QUE SEFIPLÁN A SU CARGO PRESUPUESTÓ Y NO ENTREGÓ A LOS FIDEICOMISOS PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO  PRINCIPALMENTE DE CANCÚN Y LA RIVIERA MAYA PROVENIENTES DEL 3 % AL IMPUESTO SOBRE CONCEPTO DE HOSPEDAJE

Fabiola Cortés Miranda pregunta en dónde fueron a parar los recursos provenientes del 3% al hospedaje destinado a los fideicomisos para el desarrollo turístico de la Riviera Maya y de Cancún que la SEFIPLAN presupuestó y que la XIV y XV legislatura del Congreso del estado aprobó.

Chetumal, Municipio de Othón P. Blanco, 10 de julio.- Durante las dos sesiones que se desarrollaron al interior de la Sala de Comisiones, ambas a puerta cerrada sin acceso a los medios informativos, presididas por el diputado Vladimir Ramos Hernández, que preside la Comisión Instructora integrada para analizar la denuncia de juicio político en contra del Juan Pablo Guillermo, ex titular de la Secretaría de Finanzas de la pasada administración, una a la que sí tuvo acceso la presidenta de la Asociación Civil “ Somos tus Ojos” de Fabiola Cortés Miranda, y ambas, a la que no tuvieron acceso los medios informativos, entrevistada en el pasillo que da  acceso a esa sala, Fabiola Cortés Miranda evidenció de que a pesar de que no existe ningún decreto que establezca de que se deba proporcionar determinado monto de dinero a los fideicomisos de promoción turística ni que dichos recursos fueron etiquetados para tal propósito, el hecho es que estos recursos sí fueron aprobados por parte del Congreso del Estado, en principio por la XIV legislatura,  entre los años del 2013 y 2014, recursos, admitió, que no se destinaron, repetimos, para tal fin.

A  qué se  destinaron y en qué se gastaron esos millones de pesos,” la ciudadanía debe de saber en qué se gastó hasta el último peso de esos dineros que se recaudó por el 3% al impuesto al hospedaje”, y para ello, acotó, nosotros solicitamos la colaboración de un experto en materia fiscal para saber cómo salió ese dinero de esas cuentas, hacia qué cuentas se destinaron los recursos, y si los bienes y servicios que se supone debieron ser adquiridos en efecto se adquirieron o se prestaron.

En relación a que el asunto no va más allá de un simple juicio político en contra del ex titular del ex secretario de finanzas Juan Pablo Guillermo, Fabiola Cortés Miranda, estimó que debería derivar en alguna sanción y en una vista al ministerio público una vez que la Comisión Instructora de la XV legislatura de acuerdo a los elementos recolectados del caso emita el dictamen de que sí procede el juicio político en contra del “señalado”, como se refiere en todos los casos al ex funcionario en cuestión el propio diputado Vladimir Ramos Hernández, quien preside la CI del Congreso. Lo que si resulta cierto hasta el momento, es que dichos recursos sí fueron presupuestados y aprobados por el Congreso en turno. Cabe señalar que en lugar del “señalado”, acudió a la sesión de la Comisión Instructora Roberto Renato Rodríguez Rodríguez, en su representación.

Roberto Renato Rodríguez Rodríguez acudió al Congreso en representación de ex titular de Hacienda Juan Pablo Guillermo, quien será citado en una segunda vuelta por la Comisión Instructora que ventila el caso de una denuncia en su contra por juicio político. 

Pero también Fabiola Cortés habló de la falta de la falta de justicia en el caso de la denuncia que hizo el comisariado ejidal de Cozumel de la adquisición de 13º hectáreas de parte del actual magistrado del TSJE Fidel Villanueva Rivero, a partir de que la autoridad sí acepta la comisión del delito, dando lugar lugar a la “ comisión de ilegalidad del estado”, de parte de la autoridad dado que se benefició ilícitamente el demandado por el comisariado ejidal de Cozumel por la adquisición de estas tierras que si bien no son propiedad del gobierno del estado, sí lo son del ejido.

Fidel Villanueva, aclaró, decidió reintegrar estas hectáreas. Sin lugar a dudas, exclamó, no debería de existir “ borrón y cuenta nueva” , se debería estar pensando en denunciar a este magistrado presidente, y bueno, aceptó, la nueva ley del nuevo sistema penal contempla precisamente eso, la reparación del daño,que es a lo que podrían estar acogiéndose estos funcionarios que han sido señalados y que está probada su participación en actos ilícitos.

Fabiola Cortés también expresó su duda de la existencia real de las órdenes de aprehensión en contra de otros ex funcionarios, “ me parece más bien una cuestión mediática porque hemos visto poco en los hechos. Tenemos a funcionarios de más bajo nivel, cuando deberíamos estar ante funcionarios de primer nivel con órdenes de aprehensión, de las cuales no debería haber ninguna filtración. Vemos que estos detalles se reparten, y como representantes de los medios de comunicación sabemos porque nos llegaron las listas completas, entonces sí

Hay una cuestión muy grave, porque además, da la sensación de que se trata de una cuestión mediática, y no de una cuestión judicial.

Citó el caso de Mauricio Rodríguez, entre otros, quien debió de haber alcanzado la libertad bajo fianza, no la alcanzó, es como una especie de escarnio público, para que de alguna manera calmar un poco este reclamo de los ciudadanos que hemos hecho y seguiremos haciendo de que se haga justicia. 

  La postura del diputado Vladimir Ramos Hernández, presidente de la Comisión de Hacienda de la XV legislatura y presidente de la Comisión Instructora que sigue el el asunto de la denuncia de juicio político en contra del ex funcionario Juan Pablo Guillermo, es la de integrar a una experto en materia fiscal a la CI, acopiar toda la información que proporcione el "señalado", entregársela para que tenga tiempo de estudiarla, para que después se presente y manifieste lo que a derecho le conviene, emitir una conclusión, para poder remitirla al pleno de la XV legislatura, y que sea la Mesa Directiva en turno, después de que se resuelva el amparo interpuesto por el enjuiciado, quien someta a votación ante los diputados, que por su parte, la ley establece que el pleno puede constituirse de manera provisional en jurado del juicio político, y al final sea quien dictamine si se le absuelve o condena mediante un proyecto de sentencia. Cabe señalar que en esa sesión sí deberá ser presentado por una autoridad el enjuiciado.