HECHO
PÚBLICO/ por José A. Mirand
La deuda de México toca
niveles históricos en 5 años; EPN pide otros 10 mil millones de dólares
El Gobierno de México registró
ante la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC) una emisión de deuda por
hasta 10 mil millones de dólares, de acuerdo con el servicio de información
financiera de Thomson Reuters.
La administración del Presidente
Enrique Peña Nieto, que concluye el 1 de diciembre, precisó que los recursos
procedentes de la emisión serán usados para propósitos generales del gobierno,
incluyendo refinanciación, recompra o retiro de endeudamiento local o externo.
Según Moody´s, Fitch y S&P,
México mantiene un registro de calificaciones de A3, BBB+ y BBB+ por su buen
comportamiento de deuda al cumplir oportunamente con sus pagos, de los cuales,
el mayor monto se destina para cubrir los intereses.
Durante la presente administración
de Enrique Peña Nieto, la deuda del sector público federal ha pasado de 33.8
por ciento por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) con la que inició en
2012 a 46.4 por ciento del PIB al cierre de 2017, y llegó a 48.2 por ciento en
2016, un nivel sin antecedentes en sexenios pasados pese a que se registraron
recesiones económicas en esos años, de acuerdo con datos de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP).
El aumento de la deuda de hasta
14.4 puntos del PIB en este sexenio ocurrió sobre todo en la gestión de Luis
Videgaray Caso al frente de la SHCP, que fue del 1 de diciembre de 2012 al 7 de
febrero de 2016. En este periodo aumentó 10.2 puntos porcentuales de 33 a 44
por ciento del PIB, frente a los 13.9 puntos que subió durante los dos sexenios
panistas juntos de Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa.
En este periodo
panista se elevó de 19.9 por ciento del PIB en 2000 a 33.8 por ciento del PIB
en 2012 alcanzando un mínimo de 17.9 por ciento del PIB en 2007, antes de la
crisis económica global, de acuerdo con Hacienda.
Respecto al destino
del dinero contratado, especialistas en finanzas públicas coinciden en que se
repartió en algunos gobernadores, (a través de los recursos federales enviados
a entidades), algunos se quedaron en programas mal habidos (programas
asistencialistas y duplicados) y otra parte se quedó en licitaciones no
concluidas.
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