CHETUMAL.- Cínicos y fraudulentos es la nueva faceta de quienes hoy tienen control absoluto del Poder Legislativo, empezando por el diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN) y presidente de la Gran Comisión del Congreso del Estado, a quien no le importa actuar en ilegalidad y falsificar un documento con tal de tapar el deficiente trabajo legislativo, luego de que fuera exhibido junto con el resto de la XV Legislatura, por el tremendo error que cometieron, al aprobar el dictamen que autoriza un arrendamiento puro de 2 mil 900 millones de pesos para que el Gobierno del Estado invierta en seguridad, pero que fundamentaron en la inexistente Ley de Proyectos de Prestación de Servicios para el Estado y los Municipios, que ellos mismos abrogaron en junio de 2017.
En lugar de reconocer su error y hacer las correcciones legales conducentes, al diputado Martínez Arcila se le hizo más fácil pedir que se falsifique el documento del dictamen para eliminar la mención a la Ley de Proyectos de Prestación de Servicios para el Estado y los Municipios, y sustituirlo en la página de Internet del Congreso, por el nuevo documento que ya no la menciona, pero sin seguir el proceso legislativo, y si dejando nuevos rastros de la torpeza con la que se atienden estos asuntos, porque en su desesperación por ocultar la falta cometida hasta una página, la número 14, desaparecieron del dictamen.
Entrevistado ayer martes en la sede del Poder Legislativo, el diputado panista tuvo el cinismo de negar y sostener que en el dictamen no venía la referencia a la ley abrogada, e incluso, tuvo el descaro de retar al reportero a que busque y le muestre dicho documento, sabiendo de antemano que un día antes había dado la orden para sustituir el dictamen por otro falsificado, justo después de que POR ESTO! Quintana Roo, publicara la irregularidad e ilegalidad con las que se hizo el dictamen para justificar el arrendamiento de 2 mil 900 millones de pesos.
“Yo no sé de dónde sacan ese documento ¿Dónde está? No es cierto. ¿Quién te dice eso? Vamos a hablar con la verdad, creo que están confundiendo, los documentos oficiales del Congreso son los que suben a la página, y lo que se subió a la página, que es el dictamen, no tiene, yo no sé de dónde sacan esa parte que de una ley vieja, no sé de dónde sacan ese documento”, dijo Eduardo Martínez, ante los cuestionamientos del reportero.
Y continuó sosteniendo su mentira, señalando que “el documento que ustedes (POR ESTO!) está manejando, ¿de dónde sacan ese documento? Si quieres vamos a ver el dictamen, te invito a que lo veamos, y si no es cierto, quiero que tu medio reconozca que se equivocó”.
Pero luego de su altanero reto, al buscar él mismo en su computadora el dictamen, ni siquiera pudo encontrar la sección en la que están los documentos como el referido dictamen, en la página oficial de la XV Legislatura.
Pero en efecto el Congreso del Estado sustituyó en su página de Internet, el dictamen original por un documento nuevo, en el que ya no contiene referencia a la ley abrogada, pero que no es el mismo que se sometió a votación en comisiones y ni en el Pleno Legislativo el pasado 30 de mayo, sino uno hecho posteriormente y subido a la página de Internet el pasado lunes 4 de mayo, como se explica en nota aparte.
No obstante, POR ESTO! Quintana Roo, conserva el dictamen original que el Congreso del Estado aprobó el pasado 30 de mayo y que fue subido al portal oficial del Poder Legislativo el mismo día, el cual tiene fundamento legal en la Ley de Proyectos de Prestación de Servicios para el Estado y los Municipios, abrogada por los mismos diputados el 15 de junio de 2017, cuando fue sustituida por la Ley de Asociaciones Público-Privadas para el Estado y los Municipios de Quintana Roo, la cual fue publicada en el Periódico Oficial del Estado el 29 de junio de 2017.
Desde el pasado 30 de mayo y hasta el 4 de junio, el dictamen original se podía descargar de la página http: //www.congresoqroo.gob.mx/, que es la oficial del Poder Legislativo, pudiéndose encontrar en el apartado de “Documentos legislativos” y dirigiéndose a “Sesiones”, buscando en la orden del día la sesión ordinaria número 30, celebrada la semana pasada.
El pasado lunes 4 de junio, cuando POR ESTO! Quintana Roo, publicó la nota en la que se exhibe el error de los diputados, el presidente de la Gran Comisión, Eduardo Martínez Arcila, giró instrucciones para que el documento sea retirado de sus páginas oficiales, y en su lugar, se colocara el nuevo dictamen que ya no contiene esta irregularidad, aunque se trata de un documento totalmente diferente al aprobado por los diputados, lo que se podría considerar como falsificación, faltar a la verdad e irregular desempeño del servicio público.
A pesar de que el Congreso el Estado es plenamente consciente de la ilegalidad de sus acciones, no le importó falsificar el dictamen original, con lo cual pretenden ocultar sus errores y engañar a la ciudadanía, pero también buscan engañar a aquellas autoridades que se encargan de vigilar la transparencia y garantizar el buen actuar de los organismos.
El dictamen falso que ahora se encuentra en la página oficial del Poder Legislativo, se fundamenta en la Ley Vigente de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Quintana Roo.
Sin embargo, tanta fue la prisa del equipo de Eduardo Martínez Arcila para cambiar el documento, que ni siquiera se dieron cuenta de que al elaborar el nuevo cometieron otra torpeza, porque ahora al dictamen le falta una hoja, la número 14, ya que de la página 13, se salta a la número 15, sin que haya una secuencia de texto en esta parte del documento.
La página faltante es precisamente la que contenía el inicio del “fundamento constitucional y legal” del dictamen original, citando primero la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Pero además, al eliminarle esta página, también se excluyó del documento la parte final del artículo 7 y todo el artículo 8 del decreto, así como sus artículos transitorios, que aparecían en esta página como terminación de la inserción de la iniciativa presentada por el Ejecutivo, que se cita textualmente en el dictamen, por lo que en esta sección el documento pierde secuencia de lectura y no es entendible a menos que se tenga la hoja faltante.
Tan burda fue esta operación para alterar el dictamen original, que la eliminación de la página 14, no se entiende más que como efecto de su urgencia, porque en esta página no existía ningún contenido cuestionable, puesto que la referencia a la ley abrogada se encontraba en las páginas 15 y 16 del documento original.
En las páginas 15 y 16 es donde se realizó la alteración del texto, pues el dictamen aprobado el 30 de mayo contenía en ellas la fundamentación del contrato de arrendamiento financiero en los artículos 2, 12, 21 y 22 de la Ley de Asociaciones Público-Privadas para el Estado y los Municipios de Quintana Roo que, como ya se dijo, es una ley abrogada en junio del año pasado.
Ahora, las nuevas páginas 15 y 16 traen como referencia artículos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles.
Pero el nuevo dictamen, ya no contiene en su fundamentación legal la referencia a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino que inicia solo con la Constitución del Estado y luego se pasa a la Ley de Adquisiciones, porque la primera se encontraba en la desaparecida página 14.
Por lo mismo, es notorio que al sustituir las páginas 15 y 16 del texto original para colocar las nuevas con el texto alterado, por un nuevo acto de torpeza desaparecieron la página 14.
Sin embargo, como ya quedó en evidencia que el Congreso del Estado altera a su gusto los documentos oficiales que sube a su página de Internet, es probable que al darse a conocer esta nueva torpeza cometida, el presidente de la Gran Comisión, Eduardo Martínez Arcila, ordene sustituir de nuevo el dictamen, por uno que ya tenga de nuevo la página 14, ahora desparecida.
De esta forma, con otra burla hacia los ciudadanos de Quintana Roo, el diputado Eduardo Martínez Arcila, presidente de la Gran Comisión del Congreso del Estado, busca tapar la grave falta que cometieron en el proceso legislativo de la autorización del arrendamiento financiero que aprobaron al Gobierno del Estado al vapor.
En lugar de reconocer su error y hacer las correcciones legales conducentes, al diputado Martínez Arcila se le hizo más fácil pedir que se falsifique el documento del dictamen para eliminar la mención a la Ley de Proyectos de Prestación de Servicios para el Estado y los Municipios, y sustituirlo en la página de Internet del Congreso, por el nuevo documento que ya no la menciona, pero sin seguir el proceso legislativo, y si dejando nuevos rastros de la torpeza con la que se atienden estos asuntos, porque en su desesperación por ocultar la falta cometida hasta una página, la número 14, desaparecieron del dictamen.
Entrevistado ayer martes en la sede del Poder Legislativo, el diputado panista tuvo el cinismo de negar y sostener que en el dictamen no venía la referencia a la ley abrogada, e incluso, tuvo el descaro de retar al reportero a que busque y le muestre dicho documento, sabiendo de antemano que un día antes había dado la orden para sustituir el dictamen por otro falsificado, justo después de que POR ESTO! Quintana Roo, publicara la irregularidad e ilegalidad con las que se hizo el dictamen para justificar el arrendamiento de 2 mil 900 millones de pesos.
“Yo no sé de dónde sacan ese documento ¿Dónde está? No es cierto. ¿Quién te dice eso? Vamos a hablar con la verdad, creo que están confundiendo, los documentos oficiales del Congreso son los que suben a la página, y lo que se subió a la página, que es el dictamen, no tiene, yo no sé de dónde sacan esa parte que de una ley vieja, no sé de dónde sacan ese documento”, dijo Eduardo Martínez, ante los cuestionamientos del reportero.
Y continuó sosteniendo su mentira, señalando que “el documento que ustedes (POR ESTO!) está manejando, ¿de dónde sacan ese documento? Si quieres vamos a ver el dictamen, te invito a que lo veamos, y si no es cierto, quiero que tu medio reconozca que se equivocó”.
Pero luego de su altanero reto, al buscar él mismo en su computadora el dictamen, ni siquiera pudo encontrar la sección en la que están los documentos como el referido dictamen, en la página oficial de la XV Legislatura.
Pero en efecto el Congreso del Estado sustituyó en su página de Internet, el dictamen original por un documento nuevo, en el que ya no contiene referencia a la ley abrogada, pero que no es el mismo que se sometió a votación en comisiones y ni en el Pleno Legislativo el pasado 30 de mayo, sino uno hecho posteriormente y subido a la página de Internet el pasado lunes 4 de mayo, como se explica en nota aparte.
No obstante, POR ESTO! Quintana Roo, conserva el dictamen original que el Congreso del Estado aprobó el pasado 30 de mayo y que fue subido al portal oficial del Poder Legislativo el mismo día, el cual tiene fundamento legal en la Ley de Proyectos de Prestación de Servicios para el Estado y los Municipios, abrogada por los mismos diputados el 15 de junio de 2017, cuando fue sustituida por la Ley de Asociaciones Público-Privadas para el Estado y los Municipios de Quintana Roo, la cual fue publicada en el Periódico Oficial del Estado el 29 de junio de 2017.
Desde el pasado 30 de mayo y hasta el 4 de junio, el dictamen original se podía descargar de la página http: //www.congresoqroo.gob.mx/, que es la oficial del Poder Legislativo, pudiéndose encontrar en el apartado de “Documentos legislativos” y dirigiéndose a “Sesiones”, buscando en la orden del día la sesión ordinaria número 30, celebrada la semana pasada.
El pasado lunes 4 de junio, cuando POR ESTO! Quintana Roo, publicó la nota en la que se exhibe el error de los diputados, el presidente de la Gran Comisión, Eduardo Martínez Arcila, giró instrucciones para que el documento sea retirado de sus páginas oficiales, y en su lugar, se colocara el nuevo dictamen que ya no contiene esta irregularidad, aunque se trata de un documento totalmente diferente al aprobado por los diputados, lo que se podría considerar como falsificación, faltar a la verdad e irregular desempeño del servicio público.
A pesar de que el Congreso el Estado es plenamente consciente de la ilegalidad de sus acciones, no le importó falsificar el dictamen original, con lo cual pretenden ocultar sus errores y engañar a la ciudadanía, pero también buscan engañar a aquellas autoridades que se encargan de vigilar la transparencia y garantizar el buen actuar de los organismos.
El dictamen falso que ahora se encuentra en la página oficial del Poder Legislativo, se fundamenta en la Ley Vigente de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Quintana Roo.
Sin embargo, tanta fue la prisa del equipo de Eduardo Martínez Arcila para cambiar el documento, que ni siquiera se dieron cuenta de que al elaborar el nuevo cometieron otra torpeza, porque ahora al dictamen le falta una hoja, la número 14, ya que de la página 13, se salta a la número 15, sin que haya una secuencia de texto en esta parte del documento.
La página faltante es precisamente la que contenía el inicio del “fundamento constitucional y legal” del dictamen original, citando primero la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Pero además, al eliminarle esta página, también se excluyó del documento la parte final del artículo 7 y todo el artículo 8 del decreto, así como sus artículos transitorios, que aparecían en esta página como terminación de la inserción de la iniciativa presentada por el Ejecutivo, que se cita textualmente en el dictamen, por lo que en esta sección el documento pierde secuencia de lectura y no es entendible a menos que se tenga la hoja faltante.
Tan burda fue esta operación para alterar el dictamen original, que la eliminación de la página 14, no se entiende más que como efecto de su urgencia, porque en esta página no existía ningún contenido cuestionable, puesto que la referencia a la ley abrogada se encontraba en las páginas 15 y 16 del documento original.
En las páginas 15 y 16 es donde se realizó la alteración del texto, pues el dictamen aprobado el 30 de mayo contenía en ellas la fundamentación del contrato de arrendamiento financiero en los artículos 2, 12, 21 y 22 de la Ley de Asociaciones Público-Privadas para el Estado y los Municipios de Quintana Roo que, como ya se dijo, es una ley abrogada en junio del año pasado.
Ahora, las nuevas páginas 15 y 16 traen como referencia artículos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles.
Pero el nuevo dictamen, ya no contiene en su fundamentación legal la referencia a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino que inicia solo con la Constitución del Estado y luego se pasa a la Ley de Adquisiciones, porque la primera se encontraba en la desaparecida página 14.
Por lo mismo, es notorio que al sustituir las páginas 15 y 16 del texto original para colocar las nuevas con el texto alterado, por un nuevo acto de torpeza desaparecieron la página 14.
Sin embargo, como ya quedó en evidencia que el Congreso del Estado altera a su gusto los documentos oficiales que sube a su página de Internet, es probable que al darse a conocer esta nueva torpeza cometida, el presidente de la Gran Comisión, Eduardo Martínez Arcila, ordene sustituir de nuevo el dictamen, por uno que ya tenga de nuevo la página 14, ahora desparecida.
De esta forma, con otra burla hacia los ciudadanos de Quintana Roo, el diputado Eduardo Martínez Arcila, presidente de la Gran Comisión del Congreso del Estado, busca tapar la grave falta que cometieron en el proceso legislativo de la autorización del arrendamiento financiero que aprobaron al Gobierno del Estado al vapor.
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