HECHO PÚBLICO/ por José A. Miranda
FALTA VOLUNTAD DE LA AUTORIDAD, Y DÉFICIT DE APLICACIÓN DE LA LEY E IMPUNIDAD PARA ABATIR VIOLENCIA EN CONTRA DEL TRABAJO DE LOS PERIODISTAS
EN MÉXICO: ARTÍCULO 19
Chetumal,
Municipio de Othón P. Blanco, 5 de junio.- Entre los recursos disponibles para
frenar en México los numerosos atentados en contra de la actividad de los
periodistas a nivel nacional, se encuentra la existencia de un marco jurídico
que se ha fortalecido, la propia Constitución, los marcos y tratados
internacionales de los cuales el país forma parte, y las leyes estatales y federales
que se han creado para ello, y lo que falta más bien es la voluntad de parte de
las autoridades de aplicar la ley para castigar a los responsables: más bien hay
un déficit de aplicación de la ley y los niveles de impunidad en estos casos son
ofensivos, sobre todo en crímenes contra la prensa, señaló Leopoldo Maldonado,
Director de Protección y Defensa de la Organización Internacional de Derechos
Humanos por la Defensa de la Libertad de Expresión y el Derecho a la
Información, durante la conferencia que impartió dentro del marco del Día de la
Libertad de Expresión por invitación expresa de la Coordinación General de
Comunicación del gobierno del estado, que tuvo lugar en el cine café de la Casa
de la Cultura de la ciudad de Chetumal.
Prácticamente,
enfatizó la impunidad es absoluta y sólo en algunas décimas se salva del 100 %
la impunidad en crímenes en contra de la prensa, y eso tiene que ver mucho con
voluntad política, y con la falta de capacidades que tiene actualmente los
ministerios públicos, a lo que hay que anexar ciertos aspectos estructurales y
orgánicos que se tiene que transformar en las fiscalías de los estados,
destacando que una de ellas tiene que ver con la auténtica autonomía de los fiscales
generales, que no sea una autonomía no nada más re conocida en la ley, tiene que
ver con investigaciones sustentadas con pruebas científicas, ya basta, indicó,
de sustentar investigaciones en lo que se llamaba antes la “prueba reina”, que
es la confesión.
Leopoldo
Maldonado aclaró que por otra parte “la prevención tiene que ver con que los
funcionarios públicos entiendan de una vez por todas que la libertad de
expresión no le es amigable al poder, la libertad de expresión, calificó, es
precisamente es para un ejercicio de contrapoder y tiene que ver con desnudar
lo que está haciendo el funcionario público, hacer un escrutinio público, ser
críticos ante el ejercicio del poder, que desafortunadamente en México es sumamente
autoritario y arbitrario y entonces, eso tiene consecuencias”.
Mencionó
que quedan todavía muchos aspectos que hay que dilucidar, y que atender, los
cuales no se van a resolver con una ley o un reglamento si no con una política
integral que busque garantizar la libertad de expresión.
Más
allá del procedimiento que se elija, ya sea al interior del poder ejecutivo, al
interior de las instituciones implicadas, refiriéndose a secretarías de
seguridad pública, CDH, fiscalía general del estado, o secretario de gobierno,
más allá de eso, tiene que ser un proceso en donde participe la propia prensa,
en donde esté involucrada la propia prensa, en el diseño de estos programas, de
estas políticas y que sean beneficiados de estas políticas.
El
especialista en aspectos de la libertad de prensa en México, entre otras
instancias, citó el caso del estado de Sinaloa, creando una unidad de
protección en donde dos ó tres personas con capacidad de decisión y de gestión
que puedan coordinar a las diferentes instancias de gobierno para brindar
protección en términos muy concretos a un periodista que está en riesgo y que
tenga comunicación directa con el mecanismo federal. Eso puede servir mucho más
que generar un aparato burocrático enorme que lo único que genera son más
problemas políticos y más gasto.
Al
cuestionamiento de qué tiene que ver la llamada “Ley Borge”, con el gobierno de
Carlos Joaquín González, el conferencista celebró como una buena decisión, por
lo menos la intención de revisarla, de abrogarla, con la salvedad de que se
tiene que pensar por parte del gobierno, primero consultar que es lo que
quieren los periodistas, sé que hay intereses contrapuestos entre diferentes
periodistas, pero creo que partiendo de una análisis de contexto y de lo que ya
hay y lo que hay que eficientar, se puede avanzar un poco más, destacando que
las actuales leyes que están surgiendo ahora en los estados del país, son
francamente malas y lesivas, como en Guanajuato, Michoacán, como en muchos
otros estados, dijo.
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