HECHO PÚBLICO/ por José A. Miranda
Roberto Borge negocia su pena
entregando a González Canto
*No buscaría demostrar su inocencia, sino pactar y negociar su pena como
testigo colaborador
*Aportaría información para entregar y detener a sus cómplices
prófugos
Ciudad de México.- Ante el inminente
fallo de un tribunal federal que condenaría a 15 años de cárcel a Roberto
Borge Angulo por el delito de peculado, más el otro proceso que tiene que
enfrentar ante autoridades del estado por tres cargos del fuero común que le
significaría otra abultada sentencia, el ex ex mandatario de Quintana Roo,
intenta, a través de sus abogados, negociar sus juicios, a cambio de aportar
información de su antecesor en el cargo, Félix Arturo González Canto, de quien
se dice que afectó más gravemente a la entidad.
Fuentes cercanas a la Subprocuraduría
Especial de Investigaciones en Delincuencia Organizada, consultadas por Sol
Quintana Roo, comentaron que el político cozumeleño instruyó a su cuerpo de
abogados para que se entrevisten tanto con el titular de la SEIDO, Alonso
Israel Lira Salas, como con el juez de Distrito José Artemio Zúñiga Mendoza, a
fin de buscar mejores alternativas en cuanto a su situación legal, como la
figura de testigo colaborador, a cambio de proporcionar información del también
ex gobernante quintanarroense, González Canto, de quien se dice que fue quien
lo apoyó para llegar a la gubernatura.
Cabe apuntar que a la fecha, Félix
Arturo tiene siete acusaciones en su contra, cinco de ellas en la Fiscalía
General de Quintana Roo, por delitos del fuero común y dos más en las oficinas
centrales de la Procuraduría General de la República en la Ciudad de México.
Cinco de las denuncias, que
corresponden al fuero estatal, están debidamente documentadas y fundamentadas y
son ya investigadas por la Fiscalía, entre las que destaca el expediente por el
homicidio de la menor de 16 años de edad, Mayra Beatriz Ayuso Rodríguez.
Las otras dos querellas, cuyas
indagatorias son realizadas por la PGR, corresponden a los delitos de peculado
y enriquecimiento ilícito durante su gestión como mandatario en el estado de
Quintana Roo, mientras que la otra es por delitos electorales.
Es por ello que el aún senador, cuyo
fuero legislativo concluye el último día de agosto, busca desesperadamente
volver a cobijarse bajo dicha figura, ahora como diputado federal, aunque por
los antecedentes que hay en su contra el Partido Revolucionario Institucional,
al igual que a Borge Angulo, le retiró todo tipo de apoyo.
Uno de los primeros pasos de Borge
para tratar de obtener beneficios, fue ponerse a disposición del Juzgado Penal
Oral y de esa manera continuar con el proceso que se lleva en su contra por los
delitos de peculado y desempeño irregular de la función pública.
Pero no la tiene nada fácil, a pesar
de que ofrezca información que pudiera ser útil para llevar a la rejilla de
prácticas tanto a sus cómplices, se habla de un número superior a los 80, como
a su “maestro” González Canto, dado que en la carpeta 151/2017 está relacionada
con el delito de peculado cometido a través del hoy extinto Instituto del
Patrimonio Estatal (IPAE) por la cantidad de 2 mil 510 millones 232,744 pesos,
difícilmente podría rebajársele la pena que, entre los procesos pendientes,
acumularía varias decenas de años de cárcel.
Cabe recordar que la carpeta
159/2017, fue iniciada por los probables delitos de aprovechamiento ilícito del
poder y por desempeño irregular de la función pública, por contratos, pagos y
renta de servicios aéreos ligados a la paraestatal de transporte aéreo Vip
Saesa.
Según las acusaciones, la PGR
pretende fincarle presunta responsabilidad en un desfalco al Erario por
más de 900 millones de pesos, mientras que la Fiscalía General del Estado, lo
acusa de cometer un quebranto patrimonial al estado por 3 mil 104 millones 823
mil 279 pesos, delitos por los que tiene varia sórdenes de aprehensión
vigentes.
No obstante, versiones extraoficiales
señalan que lo desviado por Borge Angulo asciende a más 10 mil millones de
pesos y tanto la PGR como la fiscalía, continúan investigando para tratar de
reunir mayores evidencias y pruebas de los ilícitos cometidos por el ex
gobernador.
Borge Angulo fue vinculado a proceso,
tras las imputaciones de la PGR por su probable participación en calidad de
“coautor de operaciones con recursos de procedencia ilícita en la modalidad de
ocultamiento de bienes producto de una actividad ilegal”.
De acuerdo a la institución federal,
Borge Angulo ideó, estructuró y ejecutó estrategias para adquirir y enajenar
bienes propiedad de Quintana Roo, a precios más bajos de los reales, para lo
cual contó con la colaboración de servidores públicos, amigos e incluso de su
madre María Rosa Yolanda Angulo Castilla.
Al ser vinculado a proceso, la PGR
solicitó como medida cautelar, la prisión preventiva justificada por riesgo de
fuga, misma que concedió el juez de control, aunque tomando en consideración la
solicitud de la defensa del exgobernador sobre su estado de salud, ya que
señaló que padece síncope vasovagal, problemas renales y una “depresión
profunda”.
De esa manera, el juzgador resolvió
no enviarlo a un penal de alta seguridad, como ameritaba su caso, tanto por el
monto multimillonario, como por el intento de fuga de una prisión panameña,
sino mandarlo al Centro Federal de Readaptación Psicosocial (CEFEREPSI), creado
originalmente para albergar a internos con problemas de salud mental.
Y conforme avanzan las indagatorias,
quedan al descubierto más ilícitos, soportados con documentos oficiales, que
comprueban como Borge Angulo y las decenas de sus cómplices, tomaron como botín
los dineros de los quintanarroenses.
Entre los 87 compinches de Borge
Angulo, figuran: Juan Pablo Guillermo Molina, Eliézer Manuel Villanueva Lanz,
Israel Hernández Radilla, Fabián Enrique Vallado Fernández, Claudia Romanillos,
Fernando Escamilla, Gustavo Ortiz Guerrero y muchísimos otros más.
A ese cúmulo de acusaciones, habría
que sumar el hecho de que la hipótesis del auto atentado en la empresa Barcos
Caribe, propiedad de la familia Borge, se fortalece con las declaraciones de
José Juan Martínez Zamudio, operador de la embarcación, que confirma la
presencia de Roberto Borge Martín padre de Roberto Borge Angulo el día de los
hechos.
Martínez Zedillo, detalló que el
miércoles 21 de febrero pasado, él se hallaba en el lugar, ya que ese día iba a
salir, pues trabajaba 24 por 48 horas de descanso, cuando de repente sintió la
explosión, sin saber realmente qué había sucedido.
Borge Martín, uno de los principales
accionistas de Barcos Caribe, viajaba en el ferry junto con otro individuo que
llevaba una mochila en la espalda y cuando bajaron, precipitadamente, en el
muelle fiscal de Playa del Carmen, el sujeto ya no llevaba la mochila consigo.
Un video, aportado por el FBI y la
DEA que colaboran en las investigaciones ya que varios ciudadanos
estadounidenses que viajaban en el catamarán resultaron heridos, muestra que el
sujeto se escabulle rápidamente al bajar de la nave, mientras que Borge Martín
se queda a observar, tranquilamente, como el fuego destruye parte de la
embarcación, sin que muestre nerviosismo, para finalmente alejarse y abordar un
yate de lujo.
También se sabría después, que la
embarcación siniestrada contaba con un seguro de 4 millones de dólares, a cargo
de Seguros BANORTE, además de que el artefacto explosivo fue diseñado
cuidadosamente para que no destruyera la nave sino sólo la afectara
parcialmente
Por otra parte, desde la fecha del
siniestro, el pasado 2 de febrero, Borge Martín desapareció de Quintana Roo, ni
siquiera ha sido visto en algunos de los negocios que posee en Playa del
Carmen, por lo que se dice que la PGR ya solicitó información a gobiernos
extranjeros pues se presume que pudiera haberse ido del país..
Asimismo, continúa latente el asunto
de las cajas aseguradas de la empresa Firts National Security, el mes de
octubre de 2017, donde se estableció que varias de ellas pertenecen a Borge
Angulo, mediante prestanombres, ex colaboradores y familiares.
El rubro de narcotráfico, con la
posible involucración de Borge Angulo, no ha sido descartado por parte de la
Subprocuraduría Especial de Investigaciones en Delincuencia Organizada, toda
vez que se descubrió que dos de las cajas pertenecían a Leticia Rodríguez Lara,
“Doña Lety”, una ex agente de la desaparecida Policía Judicial Federal que se
convirtió en la jefa del Cártel de Cancún.
Tras la detención de la mujer, se
llevó a cabo el aseguramiento de sus dos cajas, pero al revisar el contenido,
se dispuso que fueran aseguradas todas las demás, un total de mil 540, ya que
quedó al descubierto que ese sitio era un escondrijo no sólo del ex gobernador
para ocultar los dineros mal habidos, sino del crimen organizado.
Muestra de ello, es que hay cientos
de esas cajas que no han sido reclamadas, dado que contenían armas, droga,
millonarias cantidades en dólares, euros y pesos, así como colecciones de
relojes de oro y joyas, artículos cuya legítima propiedad resultaría sumamente
difícil de comprobar por parte de los propietarios.
Entre quienes no han reclamado sus
cajas, figuran: Roberto Borge Martín y María Rosa Yolanda Angulo Castilla,
padres de Borge Angulo; César Celso González Melgarejo y Hermosillo, abogado de
la familia Borge; Félix Arturo González Canto, ex gobernador quintanarroense;
Gabriela Medrano Galindo, novia de Borge Angulo; Paúl Carrillo de Cáceres, ex
alcalde de Cancún; Remberto Estrada Barba, actual edil de dicho municipio y
otros más.
Ante tal panorama, Borge Angulo optó
por tratar de negociar su situación legal, a cambio de entregar información que
lleve a la captura de sus cómplices que aún permanecen prófugos e
información y pruebas con las que pudiera fincársele presunta responsabilidad
al aún senador Félix Arturo González Canto, de quien se dice que causó mayor
quebranto al estado que el mismo Roberto Borge y que si no ha sido llamado a
cuentas, es que siempre ha estado protegido por el fuero...www.solqr.com.mx
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